En Marbury contra Madison (1803) el Tribunal Supremo anunció por primera vez el principio de que un tribunal puede declarar nula una ley del Congreso si es incompatible con la Constitución. William Marbury había sido nombrado juez de paz del Distrito de Columbia en las últimas horas del gobierno de Adams. Cuando James Madison, secretario de Estado de Thomas Jefferson, se negó a entregar la comisión de Marbury, éste, junto con otros tres nombrados en situación similar, solicitó un mandamiento judicial que obligara a entregar las comisiones.
El presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, escribiendo en nombre de un Tribunal unánime, denegó la petición y se negó a emitir la orden judicial. Aunque consideró que los peticionarios tenían derecho a sus comisiones, sostuvo que la Constitución no otorgaba a la Corte Suprema la facultad de emitir mandatos. El artículo 13 de la Ley Judicial de 1789 disponía que se podían emitir dichos mandatos, pero ese artículo de la ley era incompatible con la Constitución y, por lo tanto, inválido.
Aunque el efecto inmediato de la decisión fue negar el poder a la Corte, su efecto a largo plazo ha sido aumentar el poder de la Corte al establecer la regla de que ‘es enfáticamente la provincia y el deber del departamento judicial decir cuál es la ley’. Desde Marbury v. Madison, el Tribunal Supremo ha sido el árbitro final de la constitucionalidad de la legislación del Congreso.