Una mujer de 34 años ha muerto en Argentina al intentar inducirse un aborto con perejil poco después de que el Senado del país rechazara un monumental proyecto de ley sobre el aborto. La noticia ha provocado airadas protestas de los activistas por el derecho al aborto, que responsabilizan al Senado del trágico suceso.
Los médicos afirman que la mujer ingresó en el hospital el domingo tras introducirse perejil en la vagina, un tratamiento abortivo casero común pero peligroso que estimula el flujo sanguíneo en el útero y puede provocar hemorragias internas masivas y convulsiones.
Un estudio realizado en 2003 reveló que la ingesta de plantas para inducir el aborto conlleva un riesgo de enfermedad grave y mortalidad.
En este caso concreto, en el que el perejil se aplicó de forma tópica, el proceso provocó una grave infección, y la paciente falleció justo un día después de que los médicos le extirparan el útero, según el diario Clarín, el más importante de Argentina.
La mujer, al parecer, había sobrevivido a dos abortos ilegales en el pasado, y deja un hijo de 2 años.
La familia de la mujer se unió a una multitud de manifestantes frente al Palacio del Congreso en Buenos Aires, que recientemente votó en contra de una medida que habría hecho legal el aborto dentro de las primeras 14 semanas.
Después de que la noticia de la muerte de la mujer se hiciera viral, el hashtag #ElSenadoEsResponsable, que se traduce como «el Senado es responsable», comenzó a ser tendencia en línea.
«Esto nunca hubiera sucedido si los abortos fueran legales», dijo a Clarín Sebastián Crespo, miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, una organización argentina de trabajadores de la salud.
Crespo añadió que si los centros de salud en Argentina proporcionaran información precisa sobre la salud de las mujeres y el acceso a la anticoncepción, esta mujer podría no haber recurrido a múltiples abortos ilegales. Y aún podría estar viva.
Sin embargo, al igual que en muchas otras naciones católicas, la anticoncepción y el aborto en Argentina son temas controvertidos.
En la actualidad, el aborto en Argentina sólo es legal en casos de violación, o cuando la vida o la salud de la madre están en peligro. En todos los demás casos, el aborto se castiga con hasta cuatro años de prisión.
En 2003, tras décadas de oposición gubernamental a la venta de anticonceptivos, Argentina puso en marcha un programa nacional para distribuir anticonceptivos hormonales y dispositivos intrauterinos. Sin embargo, los médicos y los hospitales de todo el país han hecho caso omiso de estas normas, pidiendo a menudo el permiso del cónyuge antes de recetar anticonceptivos, o simplemente negándose rotundamente.
Mucho de esto se debe a la Iglesia católica, que sigue prohibiendo todas las formas de control de la natalidad y considera el aborto un acto «diabólico».
De hecho, The Guardian ha informado de que se cree que la Iglesia católica, encabezada por el Papa Francisco, ha presionado a los políticos para que voten en contra de la reciente legislación sobre el aborto.
Por otro lado, los activistas por el derecho al aborto argumentan que la prohibición del aborto no lo detiene. Simplemente pone en riesgo la vida de las mujeres.
También hay bastantes investigaciones que respaldan este argumento. Estudios anteriores han demostrado que aquellos países con leyes de aborto más estrictas tienen tasas de aborto más altas que los países con mayor acceso al aborto seguro y legal.
La misma investigación muestra que un acceso más fácil al control de la natalidad también ayuda a reducir las tasas de aborto. Un estudio de 2012, que analizó a más de 9.000 mujeres, descubrió que cuando se proporcionan métodos anticonceptivos gratuitos, el número de abortos se reduce en un 78%.
En Argentina, sin embargo, el acceso a la anticoncepción y al aborto es muy limitado. Como resultado, la Sociedad Médica Argentina estima que entre 400.000 y 500.000 mujeres se someten a abortos ilegales cada año, lo que representa un 40 por ciento de todos los embarazos.
Estos abortos autoinducidos son extremadamente peligrosos, y en Argentina se estima que provocan más de 70.000 hospitalizaciones, según la cadena de televisión Telesur. Por ello, Human Rights Watch ha calificado las políticas de aborto de Argentina como una amenaza para los derechos humanos.
«¿Cuántas mujeres y personas embarazadas tendrán que morir para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Argentina?», se preguntó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un grupo de trabajadores médicos defensores del derecho al aborto, tras anunciar la trágica noticia.
Pero los defensores no se rinden. Antes de que el proyecto de ley sobre el aborto fuera derribado por el Senado, el presidente argentino Mauricio Macri había prometido firmarlo aunque no estuviera de acuerdo con él personalmente.
Con el Senado claramente dividido en el tema (fracasó por 38 votos contra 31 votos), los activistas tienen la esperanza de que esto sea un peldaño y no un retroceso – especialmente con otros países católicos, como Irlanda, liderando el camino en la salud reproductiva.
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