Petroleros estadounidenses y británicos desarrollaron los primeros yacimientos mexicanos entre 1901 y 1910. Durante la Revolución Mexicana (1910-1920) varias empresas extranjeras comenzaron a exportar la producción de los pozos de la costa del Golfo en el estado de Veracruz. En 1920, México era el segundo productor mundial de crudo. Sin embargo, la producción cayó en picado en la década de 1920 al agotarse varios yacimientos petrolíferos, y la Royal Dutch Shell y la Standard Oil Company de Nueva Jersey empezaron a consolidar la producción, el refinado y la producción en México. En la década de 1930 surgieron dos problemas. En primer lugar, el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917 establecía que todos los hidrocarburos pertenecían a la nación, pero las compañías petroleras habían hecho caso omiso de esta ley porque habían adquirido tierras petroleras antes de la constitución. En segundo lugar, los trabajadores petroleros mexicanos formaron un sindicato nacional en 1936 y se declararon en huelga, exigiendo un contrato colectivo para toda la industria. Las empresas petroleras se resistieron tanto al gobierno como al sindicato hasta el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970) nacionalizó los activos mexicanos de Shell, Standard Oil y otras quince empresas de propiedad extranjera. En julio de 1938, el gobierno de Cárdenas creó Petróleos Mexicanos (PEMEX) para administrarlos.
Desde su fundación, PEMEX se convirtió en una de las mayores compañías petroleras del mundo y en un potente símbolo de la soberanía mexicana. A PEMEX se le concedió el monopolio no sólo de la propiedad, sino también de la producción, la refinación y la distribución de productos petroleros dentro del país, permitiendo sólo una participación extranjera muy limitada. Era una empresa cooperativa administrada por el gobierno y el sindicato petrolero, con el gobierno como socio dominante. El presidente mexicano elegía a la mayor parte del consejo de administración y al director general. La estrategia a largo plazo era subordinar la empresa petrolera estatal a los objetivos económicos nacionales. Como subsidio a las industrias nacionales y al transporte, PEMEX vendía gasolina y fueloil a precios bajos, fijados por el gobierno. También aportaba elevados impuestos al Estado y llenaba su administración con personas nombradas por el partido político dominante en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, el contrato de PEMEX de 1942 con el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Petróleo convirtió a la empresa en un taller cerrado. Los jefes del sindicato dictaban quién obtenía y quién no los puestos de trabajo altamente remunerados de PEMEX, y el sindicato se hizo famoso por la corrupción y la violencia. El empleo en PEMEX siempre parecía aumentar más rápido que la producción. En consecuencia, PEMEX sirvió a los intereses económicos y políticos de México, pero nunca alcanzó la competitividad y rentabilidad de las Siete Hermanas (las siete grandes empresas que entonces dominaban el petróleo internacional: Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Socal, British Petroleum y Shell).
En estas circunstancias, PEMEX hizo notables contribuciones al desarrollo de la industria petrolera mexicana. Un reto importante fue el boicot a las exportaciones petroleras mexicanas organizado por las compañías petroleras internacionales. En realidad, los mercados nacionales ya absorbían la mayor parte de la producción mexicana, y el ataque a Pearl Harbor en 1941 puso fin a estos boicots de exportación. Los diplomáticos mexicanos y estadounidenses resolvieron en 1942 la disputa sobre el pago de las propiedades nacionalizadas, y México hizo la restitución en forma de entregas de petróleo crudo a las compañías petroleras, aunque Gran Bretaña y México no saldaron las cuentas de las propiedades de Shell hasta 1947.
PEMEX satisfizo casi toda la demanda energética de una economía mexicana en auge. Trajo algunos nuevos yacimientos petrolíferos, pero en la década de 1950 seguía dependiendo en gran medida de las propiedades de las antiguas empresas, especialmente de Poza Rica en Vera-cruz. PEMEX amplió su capacidad de refinado y sus estaciones de servicio por todo el país, haciéndose popular entre los turistas estadounidenses y los residentes de la frontera por su gasolina barata. Su director general más conocido de la primera época, Antonio J. Bermúdez (1892-1977), que ocupó el cargo de 1946 a 1958, tiene el mérito de haber integrado con éxito la industria petrolera de forma vertical bajo el control del Estado, desde el pozo hasta el surtidor. Sin embargo, había que adquirir importantes aditivos y tecnologías en el extranjero. Para ello, PEMEX estableció un precedente de trabajo con pequeñas empresas y proveedores independientes de Estados Unidos. Estas pequeñas empresas emprendieron la exploración bajo «contratos de riesgo», en los que debían asumir las pérdidas de capital en caso de fracaso y compartir los beneficios con PEMEX en caso de éxito. El gobierno de EE.UU. proporcionó capital a través de préstamos al gobierno mexicano para el «desarrollo económico». Las fuentes nacionales de capital para la expansión de PEMEX rara vez aportaron más del 30 por ciento de sus inversiones totales
Los años 60 fueron una época de crecientes contradicciones para PEMEX. Por un lado, completó proyectos de modernización que le permitieron producir productos petroquímicos y gas natural; por otro, las reservas probadas de petróleo estaban disminuyendo y la producción apenas satisfacía la creciente demanda. En 1971 México se convirtió en importador neto de petróleo. Pero junto con los préstamos estadounidenses y los contratistas de riesgo extranjero, los ingenieros de PEMEX desarrollaron los campos de Las Reformas en la costa de Campeche, así como los campos en alta mar en el Golfo de Campeche, justo a tiempo para beneficiarse del meteórico aumento de los precios del petróleo tras el embargo de 1973 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El frenesí del desarrollo se tradujo en exportaciones masivas de petróleo a partir de 1977, principalmente a los consumidores estadounidenses, agradecidos de que México hubiera optado por no entrar en la OPEP. El auge del petróleo exacerbó todas las ineficiencias de PEMEX, ya que el personal administrativo creció, los procedimientos contables decayeron, la corrupción floreció, los jefes sindicales se volvieron más autocráticos y la deuda internacional de la nación aumentó. La ruptura de los precios del petróleo y la crisis de la deuda mexicana de 1982 frenaron el auge, y PEMEX se vio obligada a reducir los precios de exportación. El director general fue destituido, y más tarde encarcelado por cargos de corrupción.
La crisis de la deuda de 1982 -un profundo shock económico- provocó un replanteamiento de PEMEX. Surgieron debates sobre cómo hacer que la empresa fuera más competitiva. Cuando el reformista económico Carlos Salinas (nacido en 1948) llegó a la presidencia de México en 1988, declaró que PEMEX no se privatizaría, acto que consideraba que violaba el artículo 27 de la Constitución, pero que tendría que ser más eficiente. Salinas encarceló al tristemente célebre jefe del sindicato petrolero, José Hernández Galicia, por cargos cuestionables de violación de las armas de fuego y corrupción, con el fin de impulsar las reformas. Más de 200.000 empleados fueron despedidos en PEMEX y se privatizaron partes del sector petroquímico.
Sin embargo, la privatización completa de PEMEX siguió siendo un anatema, a pesar de la derrota del PRI en las elecciones de 2000. El presidente Vicente Fox (nacido en 1942) tuvo que conformarse con profesionalizar la administración de la empresa, como demuestra el nombramiento del ingeniero químico Raúl Muñoz Leos al frente de PEMEX. En 2003, Muñoz Leos trató de estimular la expansión de la producción de petróleo y gas de México mediante innovadores «contratos de servicios múltiples» (CSM) en los que participan empresas petroleras internacionales como contratistas de PEMEX para la producción de gas natural seco (no asociado). Aparte del MSC, el Congreso mexicano demostró poca inclinación a emprender las reformas legales necesarias para hacer de México una oportunidad de inversión atractiva para las compañías petroleras extranjeras.
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BIBLIOGRAFÍA
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Jonathan C. Brown