Bienes públicos
Los economistas han tratado de proporcionar criterios objetivos para los gastos públicos a través de la llamada teoría de los bienes públicos. En general, se reconoce que algunos bienes necesarios para el público no pueden proporcionarse a través del mercado privado. Los faros son un ejemplo clásico. Los costes de un faro son tales que ningún armador querrá financiarlo; en cambio, si se proporciona un faro a un armador, puede ponerse a disposición de todos sin coste adicional. De hecho, debe estar a disposición de todos, ya que no existe ningún medio práctico para excluir a los buques de la utilización de las instalaciones del faro, aunque sus propietarios se hayan negado a pagarlas. El único método práctico para proporcionar tales servicios es la acción colectiva.
Si los bienes van a ser proporcionados de esta manera, en lugar de a través del mercado privado, es inmediatamente necesario enfrentar el doble problema de decidir cuánto proporcionar y quién debe pagar por esa provisión. Incluso si todos los individuos quisieran el servicio por igual -como, tal vez, en el caso de los faros-, sus opiniones sobre el alcance del servicio se verían influidas por la asignación de los costes. Cuando los distintos hogares tienen preferencias diferentes y algunos no quieren el servicio en absoluto -como, por ejemplo, en el caso de la defensa con armas nucleares-, estas dificultades se agravan. Los economistas han intentado idear esquemas de votación abstractos que concilien estas dificultades, pero parecen tener poca aplicación práctica.
Además, otros cuestionarían todo este enfoque del problema. Sería absurdo decir que el consumidor tiene un gusto por la defensa nacional y que es tarea del gobierno satisfacerlo. La tarea de los dirigentes nacionales es elaborar una política de defensa y persuadir al público para que la acepte. Del mismo modo, los conservacionistas deben intentar despertar al público sobre la importancia de los parques y la vida silvestre. En el contexto de la política pública, la asignación eficiente de los recursos no consiste simplemente en distribuir los fondos para la consecución de determinados objetivos, sino que también implica la determinación de los propios objetivos.
Los bienes públicos genuinos plantean graves problemas para el presupuesto nacional; es muy difícil decidir en qué medida deben suministrarse determinados bienes -las artes, los parques nacionales, incluso la defensa- y, por tanto, no es probable que evolucione ningún procedimiento formal de determinación. Lo que se debe dar a cada uno seguirá siendo objeto de un intenso debate político, y la asignación cambiará a medida que cambie el gobierno.